ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Seis candidatos
presidenciales de oposición advirtieron que no reconocerán los resultados
“impuestos por la fuerza” de las elecciones del pasado 15 de mayo, ya que han
sido anunciados en violación de la ley.
Asimismo, cuestionaron la gobernabilidad democrática de la
República Dominicana de cara a los próximos cuatro años.
Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin Chávez,
Pelegrín Castillo, Minou Tavárez Mirabal y Soraya Aquino reiteraron en un
documento su reclamo de que la Junta les
entregue copias manuales que certifiquen un escrutinio confiable de los votos
en todos los colegios electorales y que en los lugares donde resultare
imposible recuperarlas, sea anulado el proceso y celebradas nuevas elecciones.
También rechazaron “categóricamente” la evaluación general
que hizo el jueves el presidente de la JCE, Roberto Rosario, sobre las
elecciones, calificándolas de “libres, limpias, competitivas y transparentes”.
“Se trata las elecciones más corruptas y peor organizadas que
recuerde la historia democrática de la nación”, afirmaron.
El documento
El texto del documento que leyeron en rueda de prensa es el
siguiente:
“Los suscritos Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin
Chávez, Pelegrín Castillo, Minou Tavárez Mirabal y Soraya Aquino, que acudimos
como candidatos presidenciales por nuestras respectivas organizaciones y/o
coaliciones políticas el pasado 15 de mayo, en ocasión del discurso pronunciado
el pasado jueves 2 de junio por el presidente de la Junta Central Electoral
(JCE) con referencia al proceso electoral recién transcurrido, tenemos a bien
expresar ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1. Que rechazamos de manera categórica que las elecciones
presidenciales, congresuales y municipales celebradas en el país el 15 de mayo
hayan sido libres, limpias, competitivas y transparentes, sino, muy por el
contrario, una de las elecciones más corruptas y peor organizadas que recuerde
la historia democrática de la nación, en las que el presidente de la República
y candidato a la reelección usó y abusó de los recursos del Estado Dominicano
sin que la JCE, órgano rector del proceso electoral, hiciera uso del artículo
212 de la Constitución de la República, que la faculta para tomar las medidas
necesarias a fin de garantizar la equidad y los valores democráticos en un
proceso electoral. El hecho de que la Junta Central Electoral no asumiera sus responsabilidades
permitió que los colegios electorales y sus alrededores se convirtieran en
mercados de compra y venta de cédulas y votos y se ejerciera presión sobre los
delegados de la oposición con la complicidad, muchas veces, de miembros de los
colegios electorales y de agentes de la Policía Electoral.
2. Que el discurso del presidente de la Junta Central
Electoral (JCE), lejos de ofrecer explicaciones de orden institucional
orientadas a disipar las graves dudas que han afectado las elecciones recién transcurridas,
estuvo matizado por preocupaciones e interpretaciones de orden personal que, en
los hechos, aportan nuevos y decisivos elementos de prueba para ilegitimar el
proceso electoral en curso. En vez de asumir un rol institucional, como era su
deber, el presidente de la JCE se parcializó de manera ostensible con el
partido de gobierno intentando justificar de manera infructuosa su incapacidad
para organizar un proceso electoral diáfano, ordenado, transparente y legítimo.
3. Que es absurda y completamente inverosímil la versión dada
por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) en el sentido de que la
culpa de los graves problemas e irregularidades suscitados en el escrutinio de
los votos en los tres niveles, presidencial, congresual y municipal, recaiga
sobre el justo reclamo de los suscritos como candidatos presidenciales de la
oposición de que los votos del pueblo dominicano se contaran manualmente, como
lo establece la ley y como siempre se han contado en toda la historia
democrática dominicana.
4. Según el calendario electoral fijado por la Junta Central
Electoral (JCE) y referido por su presidente, los instrumentos electrónicos
destinados a ser utilizados en las elecciones debieron arribar a nuestro país a
más tardar en octubre de 2015, pero lo ocurrido es que los mismos llegaron a
República Dominicana apenas 19 días antes de las elecciones, sin que estos
pudieran ser auditados y debidamente probados. Estos hechos fueron documentados
por la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (Uniore).
5. Las acciones conjuntas de los suscritos, en su calidad de
candidatos presidenciales, tuvieron como propósito solicitar a la Junta Central
Electoral la única salida viable y legal: tomar las medidas pertinentes para
garantizar que los votos fueran contados como dice la ley electoral y no bajo
una tecnología de escrutinio desacreditada en varios países del mundo, sobre la
que se han querido construir ganadores del actual proceso electoral de manera
digital y sin que tengan sustento en las actas manuales, como la propia Junta
Central Electoral (JCE) ordenó como obligatorio en un 100 % de los tres niveles
de votación.
6. Rechazamos la reiterada defensa a ultranza que hace el
presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de la tecnología contratada,
cuando todo el país constató la magnitud de los problemas que se suscitaron a
causa del desorden administrativo y las fallas estructurales de este sistema.
La enorme dimensión de los trastornos fue admitida de hecho por el propio
presidente de la Junta Central Electoral cuando reconoció que el 24 % de los
equipos electrónicos llamados a registrar y transmitir los concurrentes a las
urnas no funcionó. Confesó igualmente las graves fallas del sistema al indicar
que solo el 64 % de los votos del nivel presidencial, el 59 % del nivel
municipal y el 54 % del nivel legislativo pudieron ser contados mediante la
utilización de las máquinas electrónicas previstas para tal efecto.
7. Tal como precisa el informe preliminar de la misión de
observación electoral de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), el material
vinculado al escrutinio automatizado y a la identificación de los electores en
los colegios estuvo en muchos casos “ausente, incompleto y/o defectuoso”,
pudiéndose comprobar “problemas de capacitación, logística y definición de
procedimientos”.
8. La verdad es que, como señalara el jefe de la misión de
observación internacional de la OEA, el ex presidente de Colombia Andrés
Pastrana, los problemas tecnológicos presentados al momento de conformar y
abrir los colegios no hicieron sucumbir por completo las elecciones gracias a
la atinada solicitud de los suscritos, representantes de la oposición, que
advirtieron con tiempo que los mecanismos electrónicos podían fallar y que era
necesario tener toda la infraestructura de documentación física y manual para
garantizar un escrutinio acorde con lo que establece la ley.
9. Rechazamos igualmente el silencio del presidente de la JCE
sobre la supuesta renuncia de más de 3,000 auxiliares técnicos que él mismo
denunciara al país faltando apenas horas para el inicio del proceso de
votaciones. Ese grave y oscuro hecho, que sí pudo haber constituido un
peligroso atentado contra las elecciones, no ameritó el más mínimo comentario
del Dr. Roberto Rosario Márquez en su alocución, lo que hace que el pueblo
dominicano tenga dudas más que razonables de que en realidad tales renuncias
sorpresivas y masivas se produjeran.
10. Rechazamos también que el presidente de la Junta Central
Electoral haya insistido en defender ante el país el hecho insólito que generó
uno de los traumas mayores en el presente proceso electoral, como fue su acción
de difundir boletines sobre resultados y ganadores bajo el artificio malicioso
de que éstos no tenían valor jurídico, apenas a cinco minutos de haberse
cumplido la hora de cierre de colegios cuando en un gran número de éstos en
todo el país todavía había electores votando, y cuando por consiguiente no se
había contado un solo voto manualmente. Este accionar no fue casual, sino
dirigido expresamente a crear la percepción de un ganador definitivo en franco
desafío a las leyes y a un pueblo que fue a votar de buena fe.
11. El mismo presidente de la Junta Central Electoral
describió con gran elocuencia la ardua labor que tendrían los funcionarios de
los colegios electorales y los delegados de los partidos al tener que contar
ocho veces, de manera electrónica y manual, las boletas presidenciales,
municipales y congresuales y del voto preferencial. Si el presidente de la Junta
Central Electoral estaba consciente de esa ardua y gran responsabilidad, ¿qué
sentido tenía publicar resultados “sin efectos jurídicos” desde el término de
la hora de votación, que no fuera crear una grave turbación en todos los
colegios que desmantelara lo que no se quería que ocurriera: el escrutinio que
manda la ley; el único válido, el escrutinio manual de los votos?
12. Resulta igualmente insólito que la respuesta del
presidente de la Junta Central Electoral (JCE) al delito electoral cometido por
los funcionarios de los colegios electorales de no llenar Actas de Escrutinio
haya sido el elogio a éstos y no la responsable acción de someterlos a la
justicia por haber cometido hechos que han afectado gravemente el proceso
electoral.
13. En su alocución, el presidente de la Junta Central
Electoral (JCE) expresó, textualmente, que “por la información de que
disponemos, les puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las
elecciones”, precisando a seguidas que “algunas mentes muy creativas, daban
como un hecho, que a las tres de la tarde sería necesario interrumpir el
proceso de votación y fijar una nueva fecha”. Ante tan grave denuncia,
emplazamos al Dr. Roberto Rosario a hacer de público conocimiento las
informaciones que dice disponer, exigiéndole además que actúe con la
responsabilidad que le impone su cargo y proceda a someter ante la justicia a
los responsables de hechos de esa trascendencia, por demás, sancionados
penalmente por la Ley.
14. Por todo cuanto antecede, dejamos constancia ante la
opinión pública nacional y extranjera de que no reconocemos los resultados de
los comicios del pasado 15 de mayo que intenten imponerse por la fuerza del
poder, ya que los mismos han sido anunciados en violación de la ley y cuestionan
por tanto la gobernabilidad democrática de la República Dominicana los próximos
4 años. Por otro lado reiteramos el reclamo de las copias manuales que
certifiquen un escrutinio confiable de los votos en todos los colegios
electorales y que en los lugares donde resultare imposible recuperarlas sea
anulado el proceso y se celebren nuevas elecciones que permitan la
manifestación soberana de la voluntad popular como única forma de garantizar
autoridades electas revestidas de legalidad y legitimidad.
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
A los seis (6) días del mes de Junio del año Dos Mil
Dieciséis (2016).
Luis Abinader: Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Guillermo Moreno: Alianza País (AlPaís)
Elías Wessin Chávez: Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano
(PQDC)
Pelegrín Castillo: Fuerza Nacional Progresista (FNP)
Minerva (Minou) Tavárez Mirabal: Alianza por la Democracia
(APD)
Soraya Aquino: Partido de Unidad Nacional (PUN).”
0 Comentarios
Tu comentario es importante