Por Luis García.
ATMÓSFERA DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Hoy en día, toda profesión
conlleva que quienes se egresen de un centro de estudios superiores lo hagan
con un perfil mínimo de dominio de las técnicas, unos adecuados criterios
profesionales para su abordaje y de un compromiso ético en el ejercicio.
El ejercicio irregular, por carecer de los títulos
correspondientes, de carreras como el Derecho, la Medicina y la Psicología,
expone a los que se arriesguen a sanciones de tipos penal y civil. En la República
Dominicana, las dos primeras están sometidas a un régimen de colegiación
obligatoria para evitar la usurpación en actividades propias de esas
profesiones.
En el caso de la educación, nadie puede concursar para un
puesto de docente si no cuenta con una licenciatura en alguna de sus
modalidades o haber cursado la habilitación docente, que demanda que los
profesionales de otras áreas tengan que aprobar las asignaturas
psicopedagógicas.
Aunque existen controles, incluyendo estar provisto del
exequátur de parte del Poder Ejecutivo, mediante decreto; se registran
usurpaciones de profesiones, no solo en violación de las normativas, sino a
principios éticos elementales.
En el país la más usurpada de todas es la de periodismo, ya
que el que paga la tarifa de un espacio en un canal de televisión o una
estación de radio comienza a autoproclamarse como “periodista”.
No pocos, bajo ese “blindaje”, se vuelven “mercenarios de la
palabra”, convirtiéndose, en la práctica, en chantajistas, difamadores e
injuriadores.
A los “periodistas” a que me refiero, no tienden idea, porque
no han ido a una escuela a estudiar Comunicación Social, de los conceptos
elementales de que noticia constituye aquellos sucesos actuales, próximos,
importantes, inusuales u originales de interés público.
Pero que, además, la profesión se rige por una serie de
valores que determinan que un determinado acontecimiento pueda considerare
noticioso.
Erróneo sería recurrir al viejo argumento de que no se puede
limitar el derecho a la expresión y difusión del pensamiento.
No se trata de eso, una cosa es utilizar los medios de
comunicación para expresar libremente las ideas, y otra, usurpar la profesión
de periodista.
El gran reto de los periodistas dominicanos, especialmente
las nuevas generaciones, consiste en alcanzar la verdadera profesionalización,
y para ello hay que involucrar al Congreso Nacional en la reforma de la
famélica y otrora coyuntural Ley 10-91 que creó el Colegio Dominicano de
Periodistas (CDP); retomando el espíritu de la Ley 148-83, injustamente
declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de los fallecidos
Joaquín Balaguer, Néstor Contín Aybar y Germán Emilo Ornes.
Bastaría rescatar de la legislación primigenia el artículo 4
que señalaba: “Para los fines de la presente Ley se considera periodista el que
tiene por ocupación principal, regular y retribuida, el ejercicio de la
profesión en una publicación periódica, en medios audiovisuales, en agencias y
oficinas de prensa y que obtiene de ella los principales recursos para su
subsistencia”.
Y el artículo 5: “Los siguientes cargos sólo serán ejercidos
por periodistas profesionales: reportero, redactor, redactor de titulares,
corresponsal y entrevistador, así como cualquier otro que pudiera ser creado
para realizar funciones periodísticas en periódicos, revistas, noticiarios de
radio, televisión o cine”.
Obsérvese que de esa manera se respetaría el periodismo en la
República Dominicana, sin dejar espacio para los “enganchados” a la profesión.
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