SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Sectores empresariales
con un rol protagónico en las discusiones del Pacto Eléctrico externaron su
desconcierto ante el contrato que suscribió el Gobierno para la instalación de
otra planta a carbón de 600 megavatios, en adición a la Central Termoeléctrica
de Punta Catalina que construye en la provincia Peravia.
“Obviamente ha sido una sorpresa para los sectores que
estamos involucrados en este proceso; hubiésemos querido mayores niveles de
transparencia y conocimiento, porque si estamos hablando de un Pacto que debe
ser lo más sensato, transparente y apegado a la realidad, estas cosas debieron
saberse”, sostuvo Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la Asociación
Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).
Agregó que decisiones de esa naturaleza “tienen un peso
importante” en el sector eléctrico, sobre todo en el área de la generación. “En
el caso de que se hubiese materializado, la inserción de una cantidad de potencia
de ese nivel trastoca indudablemente el mercado eléctrico de manera
significativa”, dijo Morrison, quien participó este martes en una de las
plenarias del Pacto Eléctrico, en el auditorio de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Indicó que la Ley General de la Electricidad (125-01)
establece claramente que las empresas distribuidoras deben hace licitaciones
públicas para la compra de energía, requisito que hasta donde se conoce no se
cumplió en este caso.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas
Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), indicó que el
contrato suscrito en el 2013 por la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE) -mediante un “poder especial” del presidente
Danilo Medina- pone en entredicho la credibilidad y la transparencia que deben
primar en el Pacto Eléctrico.
Sin cartas bajo la manga
“Aquí en el Pacto Eléctrico los actores lo desconocíamos,
creo que eso no es bueno para la transparencia de este proceso, lo pone en
cuestionamiento, porque aquí todo el mundo estamos sin cartas bajo la manga”,
expresó Taveras, quien además es miembro directivo del Consejo Económico y
Social (CES), organismo que preside monseñor Agripino Núñez Collado.
El empresario manifestó su inconformidad con la explicación
ofrecida por la CDEEE, aclarando que el acuerdo de contratación de potencia con
Pinegy Commercial Group fue rescindido en mayo del 2015, por alegados
incumplimientos por parte de esta empresa.
“Eso es un problema, porque quizás si la parte contratante
hubiese cumplido, pues ese proyecto seguía adelante, y eso no es bueno para
esta discusión. Esa respuesta no nos satisface para nada”.
Antonio Taveras criticó que el Gobierno se haya embarcado en
un nuevo proyecto de generación en medio, y de espaldas, al proceso de
discusiones del Pacto Eléctrico, y se mostró poco optimista con los eventuales
resultados que pueda arrojar la iniciativa.
“Si aquí se está articulando un nuevo esquema dentro del
sector eléctrico, no debería el Gobierno estar haciendo cosas de espaldas a
este pacto, porque entonces ¿qué razón tiene esta convocatoria?, expresó el
directivo de la AEIH.
Taveras censuró además que no hayan sido entregadas
informaciones vitales para la continuidad del proceso, como los estados
financieros de las empresas distribuidoras y las relacionadas con la licitación
para la construcción de Punta Catalina, que el CES ha solicitado en reiteradas
ocasiones.
“Hay mucho ruido en torno a las plantas a carbón, entonces su
hay mucho ruido en torno a un punto específico, al Estado le conviene aclarar
eso; si a mí me están cuestionando y yo no he cometido ningún error, yo soy el
primero que debo salir a demostrar que no”, expresó.
Por Alexander Peña.
Tomado de
Acento
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