Por Robinson Castro.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El
2.8 por ciento del Producto Interno Bruto ha sido la inversión pública en salud
dominicano en los últimos años y añadiendo el financiamiento privado no llega a
un 6%, afirmó este lunes Magdalena Rathe, presidenta de la Fundación Plenitud.
La ejecutiva de la entidad no gubernamental
criticó que en el contexto latinoamericano, la inversión pública en salud de
República Dominicana es muy baja.
Rathe enfatizó que
existe una clara correlación internacional entre los mejores resultados en salud
y el nivel del financiamiento público.
“En el caso de la
República Dominicana, además de bajo, el gasto público en salud es ineficiente,
pues tiene excesos de personal improductivo en unos lugares y carencias en
otros”, afirmó.
Agregó que el sistema
de compras en el sistema salud dominicano es poco racional porque no aprovecha
las economías de escala y no existe una tradición de rendición de cuentas.
Consideró que el
sistema es inefectivo e inequitativo ya que no responde a las prioridades
nacionales en materia de salud y porque una alta proporción es financiado por
las propias familias, independientemente de su nivel de ingreso.
Destacó que la
extensión de la cobertura del seguro familiar de salud constituye el mecanismo
más idóneo de aumentar el financiamiento público, reducir el gasto de bolsillo
de los dominicanos y mejorar la eficiencia y efectividad del sistema, con el
objetivo de llegar a la cobertura universal en salud.
“Pero,
desafortunadamente no ha podido avanzar
más porque no acaba de separarse la rectoría de la provisión de servicios, no
se ha reestructurado la red pública para que pueda operar efectivamente y
porque no se fortalece la función de rectoría para que pueda liderar
efectivamente el sistema de salud”, lamentó.
Aseguró que con la creación
del Seguro Familiar de Salud se inició el proceso de separación de funciones,
en especial del financiamiento y la provisión de servicios, donde los fondos
para el régimen subsidiado se canalizan a través del Seguro Nacional de Salud
(SENASA), promoviendo de esa forma el financiamiento vía la demanda, con la
intención de racionalizarlo y ajustarlo a las necesidades.
“El decreto promulgado
recientemente por el Poder Ejecutivo
apunta en la dirección de esas decisiones difíciles: separar la rectoría
de la provisión de servicios. Si bien es cierto que la verdadera
descentralización de las redes regionales requiere de una ley que ha dormido
por años en las gavetas del Congreso Nacional, debemos tener la confianza en
que pueda materializarse ahora con la entrada en vigencia del referido
decreto”, expresó la presidenta de la Fundación Plenitud.
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