El colapso de la Justicia Penal Dominicana

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Por Cándido Simón.
c.simon25[@]hotmail.com

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Estaba yo en la sala augusta de la Universidad Albacete de la cálida ciudad de Bogotá en Colombia junto a un nutrido grupo de jueces, fiscales, juristas, abogados y académicos dominicanos en ocasión del diplomado intenso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional dentro del contexto de la maestría que en esa ocasión algunos cursábamos.

Exponía la maestra Geacomete Ferrer sobre la acción de amparo como garantía judicial de los derechos fundamentales, quien sostuvo que el nuevo proceso penal ha entrado en crisis en América Latina, fue entonces que intervine para afianzar su criterio indicando que en nuestro país la justicia penal estaba al borde del colapso, porque los actores del sistema están desarticulados, apostando más al trámite procesal que a la resolución eficaz del conflicto penal, mientras los jueces garantistas del derecho a la libertad como regla están siendo acosados por una política criminal del Ministerio Público centrada en la prisión como primera y principal medida de coerción mientras la Policía se bate en las calles con los sospechosos en justicia callejera y un sector de la opinión pública atiza las contradicciones impulsada por los apologistas del doctrinario alemán Gunther Jacob, quien sostiene que el delincuente no es ciudadano sino enemigo y como tal hay que combatirlo hasta eliminarlo de la sociedad porque no tiene derechos y al delinquir ha dejado de ser persona.

Una voz estridente tronó a mi espalda, ¡protesto! Era el actual procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien seguido de tres o cuatro corifeos presentes allí se tomaron los once minutos más extensos de mi vida lanzando improperios contra mí sin uno solo afrontar mi opinión.

Es de Cicerón la estrategia de abuchear al contrario cuando carezcas de argumentos y de Carl Marx la opinión que el desaforado sustituye con gritos la falta de argumentos, por eso luego de los gritos continué desarrollando la idea de que el proceso dominicano, semejante al resto de Latinoamérica, manda reformular la política penal hacia la prevención, que tenemos cuarenta y dos cárceles y veintiséis mil presos, con cincuenta y siete por ciento preventivos, mientras los legisladores aumentan las penas, reducen las garantías y los fiscales en un ochenta y siete por ciento de los casos en investigación solicitan prisión preventiva; hay más crímenes horrendos, más asaltos, más violencia, más inseguridad y los imputados de corrupción administrativa son espectadores de una justicia que no los puede alcanzar.

Entonces, decía yo y sigo pensando, hay que cambiar de método. Modular la estrategia estatal, ajustar la política penal a los mandos constitucionales.

Esto no fue contestado porque los gritos contra la persona apagaron el debate de las ideas y la maestra Geacomete, impactada ante semejante reacción, continuó su brillante intervención sin referirse más al tema, hasta culminar con una admonición lapidaria: “y sin embargo, el colapso se advierte”.

En este momento la República Dominicana es testigo de una confrontación útil y necesaria entre la jueza titular del Juzgado de Atención Permanente y la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, que es ante la gente como una especie de la fiscalía de las fiscalías del país. La primera acusa a esta última de haberla ultrajado mientras ejercía el Derecho Procesal al recusarla por alegada parcialidad en ocasión de una vista celebrada por petición del ciudadano Víctor Díaz Rúa, imputado por presunta corrupción mientras fungía como ministro de Obras Publicas en el gobierno recién pasado.

Esa confrontación no hubiese trascendido a no ser por la trascendencia del imputado, del caso y de los actores, puesto que es normal que un juez sea recusado y es usual que este reaccione ante una presunta ofensa, a lo que el legislador les ha provisto solución.

El punto radica en que ese conflicto hay que verlo más allá de la superficie de un enfrentamiento entre dos mujeres, porque es la punta de un sector de justicia en crisis.

Que si lo negamos corremos el riesgo de perder lo que hemos logrado en diez años de remoción desde la entrada en vigencia del ya no nuevo proceso penal que marcó las pautas para darnos una Constitución moderna, la más nueva y más moderna del mundo, como base política que normara el desarrollo social, económico y cultural del país.

El servicio de justicia penal hay que remozarlo para ajustarlo al Estado Social que prioriza a las personas sobre las instituciones, para que los jueces de Paz sean los que juzguen todos los casos de delitos correccionales en libertad provisional a fin de tener menos presos preventivos descongestionando las cárceles, para que el personal penitenciario pueda dar un mejor servicio a los humanos que allí existen, los jueces de la Instrucción y de Primera Instancia puedan concentrar su trabajo solo en los casos criminales para aumentar la eficiencia del servicio y las cortes de apelación conozcan en segundo grado solo aquellos asuntos provenientes de Primera Instancia mientras estos conocerían de las apelaciones a las sentencias de los juzgados de Paz.

Esta reorganización del proceso para rediseñar la política de investigación y persecución penal está ahora mismo en manos de la Comisión de Justicia del Senado, donde junto a los juristas del Instituto Dominicano de Ciencias Penales las hemos propuesto.

La confrontación entre la Fiscal del Distrito y la Jueza de Atención Permanente, que es una expresión de la crisis de la justicia penal dominicana, está ahora en manos del Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José Sepúlveda, el mismo que en Colombia no quiso escucharme. En tanto, el señor Víctor Díaz Rúa no tiene quien le juzgue y la ciudadanía no tiene respuesta.

Fuente: El Día

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